En pocas semanas, una vez más, una universidad pública (la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires) será la sede del Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal (CNULP) que el INECIP organiza desde hace 15 años junto a Facultades de Derecho de todo el país. Más de 300 estudiantes y docentes de distintas provincias y de otros países participaran en forma ad honorem y litigaran, durante cinco largas y enriquecedoras jornadas, más de 50 audiencias simuladas de juicio oral, en la competencia universitaria de este tipo más grande de Latinoamérica. Se trata de un espacio de construcción de nuevas formas de ejercicio de la abogacía penal, acordes al modelo constitucional, que es adversarial, oral y por jurados.

El Concurso es apenas uno de los tantos ejemplos de cómo las universidades públicas contribuyen a la democratización de la justicia. Solo la existencia de universidades públicas, gratuitas y de calidad permite evitar que el ejercicio de la abogacía y, en consecuencia, el control de los sistemas de justicia, queden absolutamente concentrados en manos de un grupo social reducido. Asimismo, la libertad de catedras, la autonomía, el cogobierno y la elección de autoridades son características que permiten democratizar la discusión sobre la enseñanza del derecho, con un impacto directo sobre el funcionamiento de nuestros sistemas de justicia. Además, las universidades públicas generan otros impactos sociales positivos a través de actividades de extensión universitaria, como los patrocinios jurídicos gratuitos.

En última instancia, la definición de quiénes y cómo enseñan, aprenden y construyen el derecho afecta directamente la vigencia de un Estado de derecho. Como docentes de derecho y, en particular, de litigación penal, creemos que queda mucho por construir en nuestras universidades públicas; pero, antes que nada, debemos evitar que, a través del desfinanciamiento y otros ataques directos o indirectos, se destruyan todos los avances construidos en las últimas décadas. Las facultades de derecho de las universidades públicas son mucho más que ámbitos educativos: son también un espacio de construcción y fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Por lo tanto, llamamos a defender la universidad pública, gratuita y de calidad, como requisito indispensable para alcanzar una justicia democrática.

Adhesiones

Fabio Freggiaro – Analia Quintana – Matías Drivet – María Victoria Llorente – José Luis Estévez – Bottero Javier Carlos – Eric Amsler – Claudia Beatriz Roldan – Nayla Daniela Cabrera Muñoz – Matías Rubio – Miguel Angel Cardella – Martina Cirimele – Joaquín Freije – Agustín Hugo Arias Deceglie – Santiago Paz – Micaela Marano Mónaco – Ramon Elias Salto – Juan Manuel De Domingo – Pablo H. Santamarina – Rodrigo Adrián Villa – Nicolás Amoroso – Estefanía Soledad Antolini – Lucía Gallagher – Cristian Puebla Fortunato – Diego P. Calo Maiza – Pablo Vacani – Magalí Gessler Giacomini – Micaela Pierolivo – Ignacio Andrioli – Alejandra Alliaud – Estanislao Carricart – Laura Guzman – Pablo Farsa – Fernando Sicilia – Jorge Gamal – Abdel Chamia – Juan Pablo López – Agustina Palencia – Eliana Diaz – Roxana Tello – María Florencia Abdala – Mariana Beatriz Vera – Jorge Benesperi – Paula Lagos – Julián Alfie – Tamara Hall – Fernando Zvilling – Vanessa Ranocchia Ongaro – Augusto Carlos Ponce – Gabriela Luciana Sommer Aromí – Norma Patricia Soria – Maria Gabriela Castillo